El proyecto de ley está compuesto por dos elementos centrales: un Plan de reorganización y condonación de deudas educativas con condonación total o parcial y un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

La iniciativa propone un Plan de reorganización y condonación de deudas educativas con condonación total o parcial, de acuerdo a su realidad, para todas las personas deudoras de créditos estudiantiles (CAE, FSCU y Corfo). El Plan comprende tres tipos de condonación: inicial, mensual y por pago anticipado.

La condonación inicial abarca a todas las personas que adscriban al Plan, según la situación en la que se encuentren y sobre la base de tres aspectos:

• Condición académica, es decir, si egresó o interrumpió sus estudios.
• Situación de pago, es decir, si está al día o en mora.
• Número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo.

Para quienes tengan un saldo de deuda tras la condonación inicial, este Plan contiene, además, una condonación mensual. La cuota siempre será más baja que la actual y en cualquier caso esta no será superior al 7% del sueldo mensual (un 8% para personas con ingresos sobre 45 UTM, $3.000.000 aprox.) y quienes ganen menos de $500.000 mensuales aprox. (7,5 UTM a octubre de 2024) estarán exentos de pago.

En tanto, a la condonación por pago anticipado podrán acceder las personas que opten por pagar el total de su deuda resultante tras la condonación inicial, a quienes se les rebajará el 25% de este total.

Por otra parte, el nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES) será una alternativa para las y los estudiantes que lo necesiten, sin exclusiones previas por nivel socioeconómicos ni por puntajes PAES. Sólo deberán matricularse en instituciones adscritas al nuevo instrumento público, con el compromiso de retribuir a partir de un año de su egreso o la interrupción de sus estudios.

La cobertura de este beneficio se extenderá por la duración formal de la carrera más un año adicional, sin pago de matrícula ni arancel para las y los estudiantes hasta el noveno decil de ingresos. Las instituciones de educación superior podrán cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios del décimo decil. Permitirá además un cambio de carrera, cubriendo 1,5 de la duración de la carrera más larga, más un año adicional.

Las y los estudiantes podrán decidir si solicitan el FES por el 100%, 75% o 50% del arancel regulado de sus carreras, en caso de que puedan pagar una parte mientras estudian para aliviar su posterior retribución, reduciendo el monto de las cuotas proporcionalmente. Cada año habrá 80 mil cupos para quienes ingresen al FES por primera vez. Quienes actualmente estudien con algún beneficio (CAE, FSCU o beca) podrán ingresar al FES y no estarán sujetos a estos cupos.

Luego de un año de egresar o interrumpir sus estudios, las personas beneficiarias retribuirán según sus condiciones económicas: la retribución contempla un tramo exento de pago para quienes tengan un ingreso inferior o igual a 7,5 UTM ($500.000 aprox. a octubre de 2024): sobre esos ingresos, las personas retribuirán hasta un 7% de sus ingresos. Para quienes tengan sueldos superiores a 45 UTM ($3.000.000 mensuales aprox.), se establecerá una retribución hasta el 8% del ingreso mensual.

FES deja fuera la participación de los bancos para que cada peso que el Estado y las familias inviertan en educación vaya, efectivamente, al sistema educacional.

Esta iniciativa marca el comienzo de una política pública donde el bienestar de las familias y la responsabilidad fiscal son los principios fundamentales para el futuro de la educación.

• Es imperativo entregar una solución fiscalmente responsable a las familias de las y los deudores, reconociendo especialmente a quienes han hecho el esfuerzo de mantenerse al día en el pago de sus cuotas y apoyando a quienes tuvieron que interrumpir sus estudios o tienen menores ingresos.
• Es necesario reformular el modo en que el Estado financia la educación superior para que el gasto público sea más eficiente y se destine efectivamente al sistema educativo y no a la banca.