En qué consiste el proyecto de ley
El proyecto de ley está compuesto por dos elementos centrales: un Plan de reorganización y condonación de deudas educativas con condonación total o parcial y un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES).
La iniciativa propone un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas con condonación total o parcial, de acuerdo a su realidad, para todas las personas deudoras de créditos estudiantiles (CAE, FSCU y Corfo). El Plan comprende tres tipos de condonación: inicial, mensual y por pago anticipado.
La condonación inicial abarca a todas las personas que adscriban al Plan, según la situación en la que se encuentren y sobre la base de tres aspectos:
- Condición académica, es decir, si egresó o interrumpió sus estudios.
- Situación de pago, es decir, si está al día o en mora.
- Número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo.
Para quienes tengan un saldo de deuda tras la condonación inicial, este Plan contiene, además, una condonación mensual. La cuota siempre será más baja que la actual y en cualquier caso esta no será superior al 8% del sueldo mensual y quienes ganen menos de $500.000 mensuales aprox. (7,5 UTM a octubre de 2024) estarán exentos de pago.
En tanto, a la condonación por pago anticipado, podrán acceder las personas que opten por pagar el total de su deuda tras la condonación inicial, a quienes se les rebajará el 25% del total.
Por otra parte, el nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES) será una alternativa para todas y todos los estudiantes que lo necesiten, sin requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES. Sólo deberán matricularse en instituciones adscritas al nuevo instrumento público, con el compromiso de retribuir una vez insertos en el mercado laboral.
La cobertura de este beneficio se extenderá por la duración formal de la carrera más un año adicional, sin pago de matrícula ni arancel para las y los estudiantes hasta el noveno decil de ingresos. Las instituciones de educación superior podrán cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios del décimo decil. Permitirá además un cambio de carrera, cubriendo 1,5 de la duración de la carrera más larga, más un año adicional.
La retribución considerará las condiciones de renta de las personas beneficiarias, que contempla un tramo exento de pago para quienes tengan un ingreso inferior o igual a 7,5 UTM ($500.000 aprox. a octubre de 2024). Para quienes tengan sueldos superiores, se establecerá una retribución de hasta el 8% del ingreso mensual.
FES deja fuera la participación de los bancos para que cada peso que el Estado y las familias inviertan en educación vaya, efectivamente, al sistema educacional.
Por qué presentamos el proyecto
Esta iniciativa marca el comienzo de una política pública donde el bienestar de las familias y la responsabilidad fiscal son los principios fundamentales para el futuro de la educación.
- Es imperativo entregar una solución fiscalmente responsable a las familias de las y los deudores, reconociendo especialmente a quienes han hecho el esfuerzo de mantenerse al día en el pago de sus cuotas y apoyando a quienes tuvieron que interrumpir sus estudios o tienen menores ingresos.
- Es necesario reformular el modo en que el Estado financia la educación superior para que el gasto público sea más eficiente y se destine efectivamente al sistema educativo y no a la banca.
La realidad de la deuda educativa en cifras
Actualmente, el Crédito con Garantía Estatal (CAE) restringe la economía de las familias, pero también implica un alto costo para el Estado y las instituciones, precarizando el funcionamiento de todo el sistema.


Más de 1 millón de personas solicitaron el Crédito CAE desde el año 2006 hasta el 2023. De acuerdo a Comisión Ingresa, a diciembre de 2023 hay 896 mil deudores CAE en etapa de pago
Bajos ingresos de los hogares: el 74% de quienes deben el crédito y están en etapa de pago provienen de los tres primeros quintiles de ingreso.
Más mujeres: 57% de quienes adeudan son mujeres, y de ellas, más de la mitad proviene a los quintiles de menores ingresos.
Bajos ingresos de los deudores: : según información del Servicio de Impuestos Internos, más del 52,3% de las y los deudores CAE en etapa de pago, que no está estudiando otra carrera, declaró ingresos por debajo los $750.000 en 2022.


Los recursos que desembolsan las casas de estudio por el CAE no se invierten en educación o investigación, sino en la banca.
Gastos de las instituciones: se estima que hasta diciembre de 2023 las instituciones desembolsaron más de $597 mil millones en ejecución de garantías de personas que solicitaron el crédito y no continuaron sus estudios.


El CAE representa cerca del 23% de lo que se invierte en educación superior, que se destina a pagar recargas y garantías de los bancos.
Costos de la mantención del crédito: desde su creación al 2023, el Fisco ha desembolsado cerca de 9 billones de pesos para subsidiar el funcionamiento del crédito, lo que ha significado un gasto irrecuperable. Esto ha cubierto costos del sistema como la rebaja del interés, la recompra de los créditos y la gestión de la morosidad

